Guerras mediáticas

"El gobierno de Colombia es capaz de provocar una guerra contra Venezuela para justificar la intervención de Estados Unidos en Venezuela". Estas duras declaraciones del presidente Chávez en su programa televisivo dominical “Aló Presidente”, no estuvieron dirigidas tanto a su colega colombiano Álvaro Uribe, como al prestigioso diario madrileño El País, que con la firma de su periodista Maite Rico está publicando una serie de artículos sobre los supuestos vínculos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el gobierno Bolivariano.

Las notas escritas por la enviada especial de El País a Colombia se basan en facsímiles de los correos electrónicos que, según las fuentes usadas por la enviada de El País, fueron obtenidos de la computadora personal perteneciente al Raúl Reyes, segundo dirigente en línea máxima de mandos de las FARC.

Cabe recordar que Reyes murió a manos del ejército colombiano en la incursión sobre un campamento guerrillero en territorio de Ecuador, incidente que generó una grave crisis internacional resuelta – al menos temporalmente – por el accionar conjunto de las cancillerías latinoamericanas.

Desde el punto de vista periodístico, llama poderosamente la atención que el diario más importante de habla hispana publique esta serie de notas con una exclusiva fuente – obviamente, los servicios de inteligencia colombianos- sobre la base de correos electrónicos cuya veracidad está siendo estudiada por INTERPOL, como informa la misma Maite Rico.

Más allá de lo discutible que sea desde el punto de vista del periodismo profesional el uso de una o varias fuentes, el chequeo de las mismas, las dificultadas para obtener información, y la eterna discusión en las redacciones sobre la contradicción “veracidad vs. primicia periodística”, lo que se destaca de las publicaciones es la amplitud de los “tentáculos” que tendrían las FARC no sólo en Venezuela, sino en buena parte de América Latina.

Lo cual coincide, llamativamente, con afirmaciones sostenidas desde hace tiempo por la Central de Inteligencia Americana (CIA) y el Pentágono, la máxima conducción militar de los Estados Unidos.

Coincidencia que tiene un cierto sabor a las operaciones de propaganda y contrapropaganda que, durante la Guerra Fría, llevaban a cabo tanto USA como la desaparecida URSS, utilizando como usinas informativas la antedicha CIA y la famosa KGB. Un sinnúmero de artículos publicados en la prensa, tanto de occidente como del desaparecido bloque socialista, consistían en verdades a medias, o lisas y llanas mentiras, sobre el respectivo rival geopolítico.

De paso sea dicho, un militar avezado como Chávez sabe perfectamente que los EE.UU. no podrían invadir Venezuela, aunque quisieran. La razón: 160.000 soldados empantanados en Irak librando una guerra que no se puede ganar, y que está consumiendo cada vez más fondos del erario público. Justo en un momento en que la economía del coloso del norte se encamina a una recesión. Factores que, conjugados, pueden llevar a la Casa Blanca por primera vez en la historia a un afroamericano: Barack Hussein Obama.

Lo que se juega en Bolivia

“La paz es fruto de la justicia”.
Esa frase, pintada en un muro de la capital boliviana, me interpeló durante años desde una fotografía colgada en la pared de la habitación de mi amigo Alejandro. Fue una de las tantas tomas que hizo durante su viaje “mochilero” por el norte argentino, Bolivia y Perú, a mediados de los años ’80.
Además de la imagen grabada en la retina, recuerdo el relato de viaje del “Ruso” – tal su apodo- en aquel entonces estudiante de la carrera de Historia, hoy doctor en Relaciones Internacionales y docente universitario.
Volvió impresionado por la realidad boliviana. No tanto por la visita a Tiwanaku, sino por el grado de pobreza, atraso y subdesarrollo que presenció. Y sabemos que vivirlo impacta mucho más que leerlo en una estadística.
Corrían los tiempos del retorno de los regímenes democráticos en América Latina. La crisis de la deuda externa, los Sandinistas gobernando en Nicaragua, la gradual apertura política en Brasil, la lenta y condicionada retirada de Pinochet en Chile (no sin derramar sangre, acorde a su naturaleza), gobiernos afines a la socialdemocracia en Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela. Cuba seguía firme, Gorbachov inauguraba la política de “Perestroika y Glassnot”, y ni siquiera el más “revolucionario” de los conservadores reaganianos o tatcheristas siquiera soñaba con la caída del Muro de Berlín y la desaparición del Bloque Socialista.
Pero la URSS “implotó” y los pueblos de Europa del Este hicieron pedazos el muro y los regímenes (más o menos títeres) de Europa Oriental. La ejecución del Dictador (estalinista) rumano Ceaucesco, fusilado por los sublevados frente a las cámaras de televisión, recorrió el mundo.
Con la caída del muro también entraron en crisis las respuestas que el comunismo, los movimientos nacionales de liberación y la socialdemocracia dieron a las demandas de las mayorías populares luego de la Segunda Guerra Mundial. A escala planetaria se impuso un único modelo: el del capitalismo transnacional de libre mercado. El FMI fue el rector económico de este proceso, los Estados Unidos de América su mentor político- militar, los “think thanks” de la nueva derecha sus proveedores ideológicos.
América Latina fue territorio privilegiado para el gran experimento neoliberal a partir de las políticas diseñadas y aplicadas sobre la base del Consenso de Washington. Apertura de los mercados nacionales, flexibilización laboral, desregulación, privatizaciones.
Bolivia no fue la excepción. El mismísimo Paz Estensoro, anciano líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario, quien durante la década del ’50, luego del triunfo del levantamiento popular, había encabezado la nacionalización de las minas de estaño y la reforma agraria, comenzó durante su última presidencia el proceso de privatizaciones. Jaime Paz Zamora, veterano líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, asume la presidencia tras un pacto con el ex dictador Hugo Banzer – el asesino del líder socialista Marcelo Quiroga Santacruz- , para continuar la política neoliberal. Gonzalo Sánchez de Losada, presidente por el MNR, profundiza el proceso privatizador. El sistema político boliviano se desintegra, víctima de la corrupción y el vaciamiento ideológico de todas las fuerzas, que repiten, con mínimas variantes, el mismo programa.
La resistencia surge, entonces, a partir de los grupos sociales, y a partir de demandas puntuales.
La desocupación masiva y el predominio de estructuras mafiosas en el estado arroja a miles de campesinos al cultivo de coca, como única forma de supervivencia. Una de las grandes hipocresías de las políticas antidrogas de los Estados Unidos es no reconocer el peso que adquirió durante los años noventa la “economía de la cocaína” en las economías andinas, desde Bolivia a Colombia. Con el precio de los comodities alimentarios por el suelo (quien lo diría...), cientos de miles de campesinos se volcaron a producir para la lucrativa “industria del narcotráfico”, que proveía – provee- de drogas ilegales a los mercados – cada vez más masivos – norteamericano y europeo.
Pero no sólo los campesinos cocaleros – grupo de donde emerge Evo Morales- resisten las políticas gubernamentales. La privatización del Agua, un servicio básico al cual pasan a acceder muy pocos, menos aún que los que ya accedían, provoca levantamientos populares. Mientras pierde peso la otrora poderosa Confederación Obrera Boliviana (COB) pues las privatizaciones afectan a su columna vertebral, los mineros, adquieren creciente peso las organizaciones campesinas, de jóvenes desocupados, cuentapropistas, y, lo que es muy importante, los movimientos indígenas, al calor del renacer de las luchas de los pueblos originarios por el reconocimiento de sus derechos culturales, sociales y políticos.
Pero el disparador de la crisis que termina de destruir el sistema político tradicional es la “Guerra del Gas”. En la transición del cambio de siglo se descubren en Bolivia grandes yacimientos de gas. Trasciende a la opinión pública un proyecto, muchas veces desmentido, de entregar la explotación de un buen número de ellos a Repsol YPF a cambio de modestas regalías. Para peor, ese gas sería licuado y envasado para ser transportado a California, USA. Saldría por puertos que alguna vez pertenecieron a Bolivia cuando este país tenía salida al mar. Puertos que perdió a raíz de la derrota en una guerra con Chile a fines del siglo XIX.
Este explosivo cóctel terminó de catalizar la unidad de diversos movimientos sociales en apoyo del Movimiento al Socialismo y la candidatura presidencial de Evo Morales.
Pero no nos engañemos. El proceso que estamos presenciando en Bolivia es producto de la movilización de la gente común, que se agrupó en organizaciones y generó los propios liderazgos a los cuales la dirigencia política renunció, en un acto de suicidio colectivo.
Es un proceso de abajo hacia arriba, en el que los dirigentes, y entre ellos, Evo Morales, son impulsados por las demandas de campesinos, indígenas, obreros, jóvenes, estudiantes, cuentapropistas, habitantes fundamentalmente de La Paz, El Alto y la zona occidental boliviana, la más pobre, postergada y atrasada.
La alta burguesía boliviana, consiente del peligro que para sus intereses significaba – significa- las demandas populares de nacionalización de las reservas gasíferas y las empresas de hidrocarburos, así como el planteo de una reforma agraria que haga más accesible la tierra a los desposeídos, y además garantice el alimento; y la carga simbólica, ideológica y política que conlleva el reconocimiento de la diversidad cultural y las identidades indígenas, generó una estrategia de respuesta política: el reclamo regionalista.
Y tuvo éxito. Resucitó viejas rivalidades entre La Paz y el interior, a las que les agregó un localismo Cruceño – de escasa data, ya que Santa Cruz era un territorio marginal en la Bolivia de hace 40 años- pero que le resultó efectivo para ganar una base social en su área de influencia.
Quizás no tengan la mayoría del país de su lado, pero un eventual triunfo aplastante del “Sí” en el referendo autonómico cruceño es una importante carta política de cara al futuro. No tanto para generar una secesión, sino para desgastar al gobierno de Evo Morales, y fundamentalmente, desmoralizar al movimiento democrático revolucionario.
Pues si bien el referendo es a todas luces ilegal, y el poder legítimamente democrático a nivel nacional es del gobierno del MAS, Morales y su vice, Álvaro García Linera, han decidido tolerar, en los hechos, la realización del mismo.
¿Por qué razón?. El mismo Evo ha denunciado una conspiración de los Estados Unidos detrás del referendo. Razones pueden no faltarle, en el sentido de que la administración Bush nunca simpatizó con la suya, aunque más no sea por las afinidades entre el líder cocalero y el líder de la Venezuela bolivariana.
Pero las razones quizás, también habría que buscarlas en el apoyo amistoso del resto de los países de Latinoamérica, particularmente vehiculizado a través de las gestiones de mediación de la OEA. Si bien José Miguel Insulza y Dante Caputo han tratado de evadir la presión directa de los Estados Unidos, también han tratado de mantener al gobierno del MAS dentro de los “carriles pacíficos” en la resolución del conflicto. Esto, en los hechos, significa renunciar al derecho que tiene todo estado a usar la violencia legalmente legítima en defensa de su propia unidad y existencia – esto, en una definición casi clásicamente weberiana-.
Esta “presión amistosa” de gobiernos asustados por la posible pérdida de un abastecimiento constante de gas – Argentina, Brasil, y porque no decirlo, también Chile vía “triangulación”- y también por las implicancias geopolíticas e ideológicas que podría tener a nivel interno un proceso de transformaciones democráticas llevadas a cabo “de la base a la cúspide”, seguramente se cuenten entre las razones de la “actitud pasiva” del gobierno boliviano.
Presionado por sus propias bases sociales, urgido por los tiempos políticos que le marca la oposición, el gobierno de Evo resuelve en los días que transcurren la nacionalización por decreto de empresas gasíferas, petroleras y de servicios públicos. En la política de los hechos consumados, una forma de condicionar las futuras negociaciones “con el enemigo”. También una forma de calmar a la tropa propia, y un mensaje a los países amigos: en Bolivia tiene lugar un proceso revolucionario que no tiene intenciones de renunciar a socializar los beneficios de la riqueza del subsuelo a los millones de desheredados sin comida, educación, salud y vivienda dignas.

Rebelión en la granja

El avispero está revuelto en el “Granero del Mundo”. Productores rurales de la pampa húmeda argentina, una de las zonas agrícolas más productivas del mundo, han lanzado un paro, o lock out, que incluye cortes de rutas, una práctica habitual entre distintos actores sociales desde hace una década en este país.
La novedad es la combatividad de los pequeños productores rurales, quienes protagonizan los “piquetes”, que se hallan, paradójicamente, asociados a los grandes terratenientes, a pesar de las contradicciones que los enfrentan.
Este frente agropecuario unido se reforzó ante el último aumento de las retenciones llevado a cabo por el gobierno de Cristina Kirchner. Las retenciones son un impuesto a las ganancias extraordinarias de la cadena agropecuaria, producto de la constante alza de los precios de los alimentos en el mercado internacional. Las retenciones son un ingreso importante del fisco, que el gobierno utiliza muy discrecionalmente. Pero también evitan que los consumidores internos paguen los alimentos a valor internacional.
Aún así, la inflación, impulsada fundamentalmente por los alimentos, está carcomiendo los ingresos de los argentinos, pero particularmente, de los que menos tienen, que son quienes más gastan, proporcionalmente, en alimentarse.
Un detallado e interesante artículo publicado por el diario Crítica da cuenta de que, a pesar de las manipulaciones del gobierno sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la inflación real, particularmente de los alimentos, ha sido de entre el 30 al 40% durante los pasados 12 meses, lo cual está comenzando a malograr la salida de la pobreza y la recuperación salarial producto de la tasa de crecimiento al 8% anual del PBI.
La dureza del enfrentamiento entre el gobierno y los productores agropecuarios, pequeños, medianos y grandes, obedece, sólo en parte minoritaria, a cuestiones ideológicas.
Lo que está en disputa es la renta diferencial producto del aumento de los valores internacionales de los comodities agropecuarios, un dinero extra, que, bien empleado, puede ayudar a la recuperación de la estructura productiva y la reconstrucción social de la castigada argentina.
Pero lo fundamental de la pelea en la coyuntura es que la inflación de los precios alimentarios a nivel interno está privando a un tercio de los argentinos, los más pobres y castigados por la crisis del 2001, a la subalimentación, vulnerando un derecho social básico. De más está decir que estos grupos sociales, según se vio por el resultado de las últimas elecciones, son la base social histórica del Partido Justicialista, y quienes le dieron la victoria al matrimonio Kirchner.
Lo preocupante no es tanto la ceguera política del ex presidente y su esposa, que entre marchas, contramarchas, contradicciones, internas entre ministros, patotas sindicales y enfrentamiento con los medios está tensando la cuerda, quizás, más de lo conveniente.
Lo preocupante es que pueda llegar a estar generándose en Argentina una sociedad de “Tres tercios”.
Un tercio “de arriba” sectores de clase media-alta y alta, beneficiados por el modelo de acumulación basado en el dólar alto, las exportaciones agropecuarias y el desarrollo industrial, y, paradójicamente, hipercrítico del gobierno, desde posiciones notoriamente conservadoras en lo social y político.
Otro tercio, de clases medias y medio-bajas, beneficiado por la recuperación económica, que simpatizaba – o no veía hostilmente- al gobierno K, pero al que la inflación, ciertos rasgos verticalistas y autoritarios en el gobierno, y sonados casos de corrupción, están aproximando a las propuesta electorales más conservadoras, como las del empresario Mauricio Macri, o las de una líder progresista que cada vez coquetea más con el centro derecha, como Elisa Carrio.
Y un tercer sector, el proletariado más castigado y socialmente excluido, el que no pudo, o apenas pudo, salir de la pobreza, y al que la inflación y las presiones del campo estarían condenando a la subalimentación.
Cabe preguntarse si entre la carencia de un proyecto político claro por parte de la administración Kirchner, y las posiciones ultraconservadoras de los sectores más acomodados de la sociedad, queda espacio para una democracia que garantice los derechos sociales, económicos y culturales de la mayoría de los argentinos, empezando por los que menos tienen.

El poeta y el vigilante

Leopoldo Lugones fue uno de los mas grandes poetas de la Argentina, y probablemente, de América Latina. Como muchos intelectuales de su tiempo, el cruce entre los finales del siglo XIX y las dos guerras mundiales, durante su juventud adhirió a la causa socialista, y durante los años ’20 pasó a las filas del fascismo y el golpismo militar. Es famoso su discurso de 1924, titulado, precisamente, “La hora de la Espada”, en el que ensalza el cesarismo militar y anticipa, de alguna manera, la restauración oligárquica que significó el golpe de estado que el 6 de septiembre de 1930 derrocó al primer presidente electo por voto universal, Hipólito Irigoyen. Ese cuartelazo fue encabezado, y no por casualidad, por el General Uriburu, un notorio simpatizante de Benito Mussolini.
El hijo varón de Leopoldo Lugones no fue dramaturgo ni poeta. “Polo” Lugones fue un comisario conocido como notorio torturador del régimen conservador que se instauró en la Argentina durante la década del ’30. Finalmente, la nieta de don Leopoldo, “Pili” Lugones, se sumó a la organización “Montoneros”, y fue víctima de la dictadura militar, desaparecida en 1978.
Esta verdadera metáfora de la Argentina que es la historia de los Lugones parece reflejada en la tapa de los diarios de este jueves 24 de abril. Mientras uno de los mayores poetas de habla hispana, Juan Gelman, argentino hijo de inmigrantes judíos, militante de izquierda, padre de desaparecidos, recibía el premio Cervantes de las manos del mismísimo Rey de España, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina votaba, prácticamente por unanimidad, el desafuero del electo diputado Luis Patti, justamente un comisario retirado de la policía de la Provincia de Buenos Aires investigado por la justicia ante firmes sospechas de haber participado de la represión ilegal durante el período 1976-83.

Nueva crisis en Haití: ¿Paradojas de la globalización?

Quizás las primeras víctimas de la zozobra del sistema financiero planetario generada por la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos sean los habitantes del estado más pobre, inestable y violento de América Latina: Haití.

Es que el vertiginoso aumento de los alimentos y el combustible durante las últimas semanas generaron una protesta popular que el día 4 de abril se cobró 5 vidas. Saqueos de comercios, ataque a un cuartel de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), una fuerza plurinacional enviada para garantizar las elecciones luego de la última crisis política que le costó el puesto al presidente Jean Bertrand Aristide.

De ese cuestionado proceso, que comenzó con la intervención unilateral de los Estados Unidos y Francia, resultó electo en el 2006 René Preval, a quien hoy multitudes enardecidas le exigen la renuncia.

El representante de las Naciones Unidas para Haití culpó al alza mundial del precio de los alimentos y del petróleo por el estallido de las protestas y el retorno a la inestabilidad política. Es que gracias a las políticas de liberalización aplicadas de acuerdo a las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional, esa nación pasó del autoabastecimiento a importar el 80% de lo que comen los haitianos, quienes en su mayoría subsisten con menos de 2 dólares diarios.

Es que las turbulencias provocadas por el crack de los bancos inmobiliarios norteamericanos se está extendiendo gradualmente a todo el sistema, lo que lleva a los inversores internacionales a buscar refugio en valores más seguros, como el oro, el petróleo – que ya superó la barrera de los 110 dólares por barril – o los comodities agropecuarios, como la soja y el maíz.

Esta coyuntura de la economía internacional favorece a los países productores agropecuarios o hidrocarburíferos, pero perjudica a las naciones pobres que no puede abastecer a su propio mercado – EE.UU. y Europa se autoabastecen alimentariamente a partir del sistema de subsidios y restricciones arancelarias que le permite a sus productores sobrevivir a la competencia de la producción latinoamericana o asiática-.

Según el último informe del FMI la crisis financiera ya produjo pérdidas por casi un billón de dólares, y amenaza con una recesión para los Estados Unidos, y una seria limitación al crecimiento de la economía mundial.

Es materia de debate entre los economistas en qué grado afectará al mundo una crisis financiera global generada en el centro mismo del sistema. Si la economía China acusa el golpe – los consumidores estadounidenses son los principales compradores de manufacturas chinas- la demanda de energía y productos agropecuarios bajaría, generando enormes fluctuaciones, con una cierta tendencia a la baja.

Lo cual no mejoraría sustancialmente el nivel de vida de Haití, pero aproximaría y cientos de millones de habitantes de distintos países al nivel de vida de los haitianos. Sin descartar un escenario similar al de la crisis de los años ’30, que combinaba la superproducción con el subconsumo: demasiados productos en el mercado, salarios demasiado bajos – lo que se traduce en demasiados pobres- para poder consumirlos.

Uribe, Chávez, la Democracia y los Derechos Humanos

Si hay algo que ha quedado comprobado, una vez más, en la escalada verbal, política y militar entre los gobiernos de Colombia, Ecuador y Venezuela, es que la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de la OEA son poco menos que papel mojado.

La teoría, pero fundamentalmente la práctica de la Guerra Global contra el Terrorismo en cualquier “teatro de operaciones”: las montañas afganas, la selva colombiana, la mesopotamia iraquí, por citar algunos ejemplos, son la continuidad de la vieja Doctrina de la Seguridad Nacional y su producto directo, el Terrorismo de Estado.

La respuesta de muchas fuerzas insurgentes, o de resistencia, es el empleo de prácticas terroristas – generalmente atentados, pero también secuestros, y otras acciones de “propaganda”, extorsión o asesinato en masa de civiles-. Aún estados opositores a la “hegemonía imperial” de los Estados Unidos no trepidan en practicar el terror y las prácticas genocidas cuando conviene. La “pacificación” de Chechenia, comenzada por Boris Yelstin y culminada por su heredero Vladimir Putin constituye una guerra total de exterminio hacia la población chechena en función de eliminar todo vestigio de separatismo.

Los independentistas chechenos son musulmanes. Los iraníes también, (aunque chiítas) pero aquí no vale la religión, sino los intereses geopolíticos. Por eso Rusia “protege” a Irán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo mismo vale para los Estados Unidos y la Unión Europea: mientras condenan a Hamas, Hezbolah o el régimen iraní, impulsan la independencia de Kosovo, un microestado de amplia mayoría musulmana. O sea que hay musulmanes “buenos” o “malos”, de acuerdo a la conveniencia. Lo que deja muy mal parado a Samuel Huntinton y su teoría del “Choque de Civilizaciones”.

En el caso latinoamericano que nos convoca, la coyuntura se desencadena a partir de las gestiones iniciadas para conseguir la liberación de cientos de rehenes retenidos por las FARC, pero fundamentalmente de una, la ex candidata presidencial y ciudadana franco colombiana Ingrid Betancourt.

En las páginas de este blog se ha reseñado el origen y la historia de las FARC en el marco de una larvada guerra civil que se viene desarrollando en Colombia desde hace 60 años. También el estado de situación, hasta hace pocos meses.

Podríamos entrar en consideraciones geoestratégicas y táctico militares sobre la base del Plan Colombia, el Plan Patriota y su contra elaboración estratégica venezolana, el planteo de la Guerra Asimétrica. Serán motivo de un artículo específico.

Lo que me interesa iluminar es el flaco papel que cumplen las instituciones de la Democracia, los Derechos Humanos, y hasta el Derecho Internacional para los dos bandos en juego, aunque particularmente para hunos más que para otros, de ser honestos.

Me explico. Uribe tiene perfectamente asumidas todas y cada unas de las banderas de la “Cruzada Antiterrorista”. En consonancia con George Bush, sostiene, casi abiertamente, que las violaciones a los DD.HH. y al Derecho Público Internacional son “daños colaterales”, males necesarios en pos de un objetivo de “vida o muerte”: la extinción total del enemigo terrorista.

De aquí la preferencia, siempre, por las opciones militares, antes que las pacíficas y diplomáticas.

El heterogéneo bloque que se le enfrenta abiertamente en América Latina, encabezado por Venezuela y Cuba, e integrado por los gobiernos de Nicaragua, Ecuador y Bolivia, tiende, en mayor o menor medida, a justificar prácticas condenables, como las de las FARC, en función del enfrentamiento con el imperialismo, y las necesidades de los débiles contra los poderosos.

Hay que reconocer que este bloque es heterogéneo ideológicamente: no es lo mismo Evo Morales que Rafael Correa, a su vez estos difieren notoriamente de Daniel Ortega, y los regímenes de Hugo Chávez y Fidel Castro, a pesar de sus similitudes retóricas, todavía son bastante distintos.

Pero estos tres últimos, quizás por su pasado militar (dos comandantes guerrilleros, un coronel del ejército), tienen una fuerte propensión a analizar los escenarios políticos con categorías militares. Similar “virtud” podemos encontrarla en dos civiles sumamente “militaristas” como George Bush y su vice, el “halcón” Dick Cheney. Y por supuesto, en el otro civil que nos convoca, Álvaro Uribe.

Y aquí podemos complejizar el análisis adentrándonos en ciertas categorías de tipo ideológico, o al menos, de construcción del discurso político. Para el gobierno de los Estados Unidos, y también para amplios sectores de sus capas dirigentes, la Democracia es identificada con la vigencia de la “libertad de mercado” y las libertades individuales consagradas por esta. Los derechos sociales y económicos cumplen un rol muy secundario (casi inexistente) en su doctrina.

Difícil es definir que piensan de la democracia los diversos actores que componen el espacio del ALBA. En el caso Cubano, sería una forma burguesa superada por un estadío superior, el socialismo (o más estrictamente comunismo de estado, o capitalismo de estado, según la definición de algunos trotskistas o anarquistas). En el caso de Chávez, su planteo de “Socialismo del Siglo XXI”, sumamente difuso, pareciera navegar entre un sistema de economía mixta con fuerte presencia estatal, más un partido hegemónico en el sistema político, o la imitación, en muchos aspectos, del viejo modelo estalinista aplicado en Cuba.

Ortega, Correa y Morales parecen seguir caminos y definiciones propias, de acuerdo a sus trayectorias personales y realidades nacionales, particularmente los dos últimos. En los hechos, parecen más próximos a aceptar la convivencia entre formas de democracia representativa y democracia directa, gestión colectiva de áreas estratégicas de la economía en paridad con el capital privado nacional, o extranjero.

Estos países hacen una acérrima defensa del Derecho Internacional, violado sistemáticamente por los Estados Unidos, y en el caso del asesinato del comandante de las FARC Raúl Reyes, violado por las FF.AA. y la policía de Colombia. La incursión de tropas extranjeras en Ecuador fue justamente condenada por la OEA... pero no mucho más que eso. El acto de Terrorismo de Estado llevado adelante por el gobierno de Uribe quedó al margen de toda condena, por presiones de los Estados Unidos. Paralelamente, el presidente Hugo Chávez calificó a Reyes como un heroico combatiente revolucionario. Teniendo en cuenta que actualmente las FARC son una estructura político militar que se financia con el narcotráfico, aplica tácticas de terror sobre la población rural colombiana, al igual que los hacen el Ejército y los paramilitares, y además mantiene secuestrados a una buena cantidad de rehenes políticos, la frase del presidente Chávez es, al menos, poco feliz.

Párrafo aparte merece las denuncias contra los gobiernos de Ecuador y Venezuela realizadas por un comandante de la policía colombiana sobre la base de los contenidos hallados en la computadora personal del segundo jefe de las FARC. Pueden ser verdad o no, pero huelen a la típica “carne podrida” que los servicios de inteligencia venden, muchas veces con éxito, a periodistas y medios de comunicación.

La diplomacia latinoamericana, encabezada por Brasil, Argentina y Chile, ha podido contener, hasta ahora, el desarrollo de la crisis, y su escalada hacia la confrontación bélica.

Pero cabe recordar que lo que aquí está en juego es el consenso sobre vigencia de la Democracia y los Derechos Humanos que en Centro y Sud América hemos venido construyendo durante los últimos 20 años, después de la retirada de las dictaduras genocidas que asolaron a muchos de nuestros países bajo la égida doctrinaria de la Doctrina de la Seguridad Nacional, herramienta de dominación de los Estados Unidos hasta el fin de la Guerra Fría.

No podemos permitir que ese consenso sea roto por George Bush. Pero debemos hacer entender, particularmente a Venezuela, que pertenecer a Latinoamérica es ser parte de ese consenso.

La herencia de Fidel Castro

La no aceptación de los cargos de Presidente del Consejo de Estado y Comandante en jefe comunicada a sus compatriotas y al mundo por Fidel Castro a través del diario Granma significan la oficialización de un proceso de sucesión que se inició el mismo día en que se decidió su internación por problemas de salud.

Visto en retrospectiva, y más allá de los riesgos y la incertidumbre por la enfermedad, resulta un proceso previsto de “traspaso de mando” por parte de Fidel a buena parte de la vieja guardia revolucionaria. Al menos en principio. Pues lo que se puede avizorar para un futuro, tal vez no muy lejano, sea una transición a una generación de dirigentes del Partido Cubano, entre los 40 y 55 años. Y también, algún proceso de flexibilización, apertura y autocrítica del régimen, siempre dentro del modelo político de partido único y economía centralmente planificada.

A pesar de todas las limitaciones que padece la sociedad cubana, el respaldo de la mayoría de la población al liderazgo de Fidel Castro evidente. Lo que parece estar haciendo el Comandante es preparar el terrero para preservar la obra de su vida ante la perspectiva cierta de su desaparición física.

Las consecuencias en el ámbito continental y mundial de este proceso son, hasta cierto punto, imprevisibles. Tan imprevisibles como el futuro de la política interior de los Estados Unidos, la evolución de la crítica situación en Oriente Medio, y el balance de fuerzas entre las “viejas potencias” y las “potencias emergentes” como China, la India y Brasil.